La política anti-cíclica de Fernández

Una corriente de pensamiento económico sugiere que en tiempos de crisis, como los actuales, una forma de estimular la economía es mediante la expansión del gasto público, con lo cual se pretende incrementar la demanda agregada y con ello el crecimiento del PIB. Pero la pregunta que uno debería hacerse es, si en la actual coyuntura tales premisas son válidas para la República Dominicna.

Aclaro que yo me incluyo dentro de los que creen que el Estado puede ser grande, tanto desde el punto de vista del consumo, así como proveedor de bienes (sean públicos o privados). Pienso también, que el Estado debería ser un gran empleador, sobre todo en un país como República Dominicana con una alta tasa de desempleo y empleos precarios y mal remunerados.

¿Implica lo anterior apoyar la actual política de expansión del gasto público que implementa la administración Fernández? NO.

Lo primero es que la política expansiva implementada por el actual Gobierno ha buscado el camino más fácil y de menos costo político en el corto plazo, me refiero al endeudamiento.

Luego, el Estado dominicano se caracteriza por una asignación ineficiente del gasto público y está plagado de corrupción.

Además, la política de gasto del presidente Fernández se centraliza en las grandes urbes (especialmente Santo Domingo), marginando y diezmando las economías de las provincias más pobres. Además, tiene un sesgo anti-social, en el sentido de que ha relegado el gasto social, priorizando proyectos faraónicos que no han resuelto ninguno de los problemas básicos de la población dominicana.

Se suma a eso, que el Gobierno emplea una red clientelar, que cobra sin trabajar (Nominillas CB, ayudas a necesitados, etc.), y una “política social” asistencialista que no garantiza el rompimiento del círculo vicioso de la pobreza. Se suma otro tipo de clientelismo, ese que beneficia con proyectos de grado a grado, sobrevaluados y poco transparentes a una clase empresarial corrompida.

Para colmo de males, nuestros funcionarios gozan de privilegios irritantes, que si se comparan con el resto de la población afectada por altos niveles de pobreza monetaria (y no monetaria), así como por la falta de acceso a servicios básicos de calidad, como salud, educación y seguridad ciudadana.

El Gobierno ha obviado, lo regresivo que es el sistema impositivo dominicano. Una forma correcta y justa de ampliar los ingresos con los cuales financiar su política anti-ciclica, sería gravar a la población de mayor renta. Pero, ese tipo de costo político no lo va a asumir quien en la actualidad gobierna.

Se ha preferido, garantizar el ahorro privado de las clase pudientes, en tanto que se incrementa la deuda pública, la cual a futuro tendrá que ser pagada tanto por ricos como por pobres. Más injusto no podría ser!